Las bicicletas, las patinetas eléctricas y demás vehículos alternativos vuelven a estar en el ojo del huracán. Mucho debate ha suscitado las medidas de la Alcaldía de Bogotá de ampliar la red de bici-carriles a 81 kilómetros, no sólo como una herramienta para evitar aglomeraciones y limitar el contagio del COVID-19, sino como antesala a los grandes cambios estructurales que en materia de movilidad deben llevarse a cabo en Bogotá. Y es que, como lo hemos explicado en otras entradas de este blog, “bajo este escenario las bicicletas eléctricas permiten cumplir: aislamiento, salud y movilidad”.

Aislamiento, porque nos aleja del contagio de COVID-19; salud al no sólo ejercer actividad física sino también contribuir a disminuir los niveles de contaminación; y movilidad porque a medida que las personas opten por incluir la bicicleta como una alternativa de movilidad, la congestión en las ciudades podrá alivianarse (en especial cuando inicien las obras de adecuación del metro de Bogotá que se espera que causen verdaderos traumas en la congestión).

Aunque casi todo el mundo concuerda en los beneficios de la bicicleta, en lo que parece no existir un consenso es en si se debe incluir la bicicleta y a los ciclistas como actores viales. Es decir, si los ciclistas están obligados a usar la infraestructura diseñada (temporal o no) para el uso de la bicicleta, o si por el contrario, la Ley les permite circular ocupando un carril vehicular exclusivo aún cuando existan bicicarriles o ciclorutas en la misma vía. Antes de entrar a revisar la respuesta del Ministerio de Transporte, y la Policía de Tránsito, La Liebre hizo una revisión de los comentarios compartidos en redes sociales frente a este tema.